El profesor de la Escuela Mexicana de Archivos y Presidente de Archiveros sin Fronteras México, Ramón Aguilera Muguía, reflexiona sobre la eliminación de la Oficina de Transparencia y la regresión de los derechos de los ciudadanos al acceso a la información pública.
Un retroceso en la administración pública
Hoy vivimos en nuestro país un cambio, o mejor, una regresión conceptual y temporal en la administración pública. El partido en el poder y sus aliados han volteado al pasado de manera nostálgica para anclar y aprisionar, de nueva cuenta, la información y los archivos en las entrañas del mismo poder. Volver al siglo pasado parece ser la consigna de una transformación regresiva, donde no se acepta la evolución y los logros del pasado, aunque estos sean pocos o con imperfecciones.
En el tema del acceso a la información, de la transparencia, de la protección de datos personales y de la consulta abierta a los archivos históricos se luchó por defender una serie de derechos humanos consagrados en la Constitución que, como tales, deberían ser progresivos y no al inversa. Los derechos de acceso a la información, a la protección de la privacidad y a la memoria quedan desamparados y controlados por el mismo poder. Prevalece el Arcana Imperii, concepto desarrollado por Tácito para describir el control del Estado sobre la información pública, situación que abre las puertas a la opacidad, al encriptamiento y al secretismo combatidos por muchos de los personajes de izquierda que en el pasado combatieron estas prácticas contra la primera versión del partido único y avasallador que comandó por más de 70 años el país. Se replica el modelo con los mismos vicios y se desdeña a los ciudadanos que habían logrado un camino menos sinuoso para estar informados en el ejercicio democrático de exigir una rendición de cuentas.
La corrupción no ha sido derrotada porque este es un tema complejo y está sustentado y alimentado por las redes y las complicidades tanto, del sector público (ejecutivo, legislativo y judicial) como del privado.
La lucha por abrir la información pública tuvo un camino evolutivo desde que el Poder encarnado en el ejecutivo aceptó en el 2002 hacerse eco de los reclamos de la sociedad y proponer una primera ley de transparencia, garantizando el acceso por medio de un organismo lo más desapegado del poder. Ahí radicaba la garantía. Esta garantía ya se ha perdido cuando el Estado se convierte en juez y parte. Capturar y cooptar la información es señal inequívoca de secretismo y opacidad. Es una película vivida en el pasado y por ello se quiso remediar con las herramientas desarrolladas durante 20 años, que si bien no fueron perfectas al 100%, eran perfectibles y ajustables. Pero desaparecerlas de un plumazo alegando gastos excesivos, olvidando los grandes despilfarros del sexenio pasado por ineficiencia e inoperancia administrativa, es un despropósito, que daña directamente a los ciudadanos en su derecho de exigir una rendición de cuentas de las actuaciones públicas.
Es un daño el que se hace hoy con estas determinaciones basadas en falacias, porque son falsas premisas que se aceptan ciegamente sin ver el horizonte y las consecuencias. El pasado no se puede modificar, pero si se puede aprender de él para mejorar el futuro, no para regresar a lo que se probó que no funciona. La ceguera que provoca la soberbia cuando se tiene todo el poder hace insaciable el apetito sobre la centralización del mismo poder.
El acceso a los archivos y a la información
Los archivos serán afectados con estas resoluciones porque, de alguna manera, fueron visibles gracias a los temas que ahora se acotan y se encierran entre los muros del poder, a expensas de la voluntad de abrir o no, la información según convenga; y aplicando lo que Peter Burke denomina la ignorancia política, alimentada por el secreto y las mentiras. El sexenio pasado ya apuntaba a este hecho faTdico, como se decía en los círculos de discusión sobre estos temas: si camina como pato, se ve como pato, y hace como pato y vuela como pato, es un pato. Así fue.
Se vuelve al punto cero de luchar nuevamente por abrir la información, por promover la transparencia, por defender el derecho a la memoria frente a las frecuentes reservas de información, violaciones a la privacidad como se hizo en el sexenio pasado, desaparición de archivos sin que nadie garantice lo contrario.