Durante los últimos 20 años, el discurso internacional de los derechos humanos se ha ocupado de una pregunta esencial para el esclarecimiento de los crímenes contra la humanidad cometidos en regímenes represivos y conflictos armados: ¿qué medidas deben implementarse para salvaguardar y usar ampliamente los archivos que testimonian las violaciones a los derechos humanos? Los principios internacionales de lucha contra la impunidad -adoptados en 1998 y actualizados en 2005, los informes de la relatoría especial de las Naciones Unidas para el derecho a la verdad -especialmente su informe de 2015-, así como los Instrumentos del Estado de derecho del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos[i] han resaltado que sobre los estados recae el deber de recordar, y en su cumplimiento, la obligación de preservar y establecer las más amplias condiciones para el conocimiento público del legado documental y testimonial de los pueblos. Estos referentes jurídicos invitan a los estados a que valoren en los mecanismos transicionales, como las leyes de memoria, una oportunidad para implementar los más altos estándares para la protección, acceso y difusión social de los archivos. Las políticas de búsqueda de la verdad deben ir acompañadas de políticas archivísticas pensadas desde un enfoque de derechos humanos.
A pesar de la claridad de estas invitaciones, la experiencia internacional, y en concreto, la experiencia de los mecanismos transicionales en Colombia muestra que armonizar y poner en diálogo las políticas de memoria y las políticas de archivo es una tarea con no pocos obstáculos. Así, aunque uno de los principios vertebrales en esta relación entre archivos y políticas de memoria es que los organismos de investigación del pasado deben tener libre acceso a la documentación e información pública, la experiencia de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la Reconciliación (CEV) en Colombia pone de manifiesto las barreras que persisten en este campo. Este organismo, fruto de los acuerdos firmados por el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) en 2016, entregó su informe final el 28 de junio de 2022, y con sus anexos un documento titulado “Experiencia de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad para acceder a la información pública”[ii]. Colombia cuenta con una Ley General de Archivos, una Ley de Transparencia y acceso a la información pública, una Ley de Víctimas y Restitución de tierras, y sin embargo, la CEV se enfrentó con la renuencia de algunas entidades estatales a dar acceso a la documentación pública, a la carencia de instrumentos archivísticos para las búsquedas información sobre las violaciones a los derechos humanos; se enfrentó también, al reenvío injustificado de las solicitudes de información a otras entidades estatales, y al desconocimiento de los plazos legales de respuesta a las peticiones de acceso, entre otras problemáticas. En resumen, el acceso a los archivos estatales sigue siendo tortuoso, no solo para las víctimas que buscan verdad y justicia, sino incluso, para las entidades públicas facultadas para investigar los impactos de la guerra.
La experiencia de la CEV recuerda los hallazgos de otra entidad, el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), organismo creado en 2011 y encargado de poner en marcha un Archivo sobre las memorias del conflicto armado colombiano. Entre 2013 y 2017, esta entidad se trazó la tarea de construir una política para los archivos sobre las violaciones de los derechos humanos, y para ello, dialogó con organizaciones sociales y funcionarios públicos de diversas regiones de Colombia. En su diagnóstico, el CNMH encontró que problemáticas como las amenazas a lideres sociales que buscaban información sobre lo ocurrido, la falta de formación de los funcionarios públicos en derechos humanos, la carencia de herramientas psicosociales para la atención de las víctimas, la ausencia de programas formativos sobre el tratamiento de los archivos y la precariedad de la infraestructuras -públicas y de sociedad civil- obstaculizaban el acceso y preservación de las huellas documentales y testimoniales de la confrontación armada[iii]. Las realidades que encontraron estas instituciones muestran que las políticas y la gestión de los archivos en las instituciones públicas pueden facilitar y también obstaculizar el conocimiento de los impactos de la violencia, y también, afectan decisivamente las posibilidades de exigencia de los derechos humanos, especialmente de las víctimas y sus representantes.
Para complejizar este mapa de retos en las políticas de memoria, es importante agregar que, en el contexto colombiano, entidades como el CNMH y la CEV han producido informes públicos que se han ocupado de materias como los efectos de la violencia en las diversas regiones, las afectaciones en poblaciones como campesinos, indígenas, comunidades afrocolombianas, niños, niñas, adolescentes, población LGTBI, de los efectos en la participación política, entre otras dimensiones del conflicto armado. No obstante este trabajo, siguen siendo necesarias políticas de archivo que faciliten y estimulen el acceso, no solo a la documentación pública en general, sino a los archivos conformados por estas entidades en sus labores de investigación. En sociedades que aspiran superar los profundos impactos sociales, culturales y psicosociales de la violencia, el reto consiste, no solo en el recaudo de los documentos y testimonios, sino además, en la visibilización pública de miles de historia que, por motivo de la violencia no han podido salir a la luz. De hecho, buena parte del esfuerzo de gestores de memorias como las organizaciones de derechos humanos, las asociaciones de familiares buscan romper el silencio que pesa sobre los dolores que ha vivido la sociedad, y con ello, superar el ambiente de impunidad de facilita que los eventos violentos se repitan.
Los obstáculos para el acceso a los archivos en la experiencia de Colombia, constata que la emisión de herramientas jurídicas -leyes, protocolos y circulares institucionales- sobre estos temas es necesaria, pero no suficiente para lograr la coordinación entre políticas de memoria y políticas de archivo. Es decir, es largo el camino que hay entre las normas y la vida cotidiana de las entidades estatales. Para superar estas brechas, se requiere la decisión real de promoción de cambios en la cultura institucional, así como el debate público y la veeduría ciudadana para que los principios adoptados en las leyes y las normas internacionales en derechos humanos se apropien y cumplan en el seno de la institucionalidad. Una de las necesidades más visibles, por ejemplo, es que se posicione públicamente la idea de que, la búsqueda de la verdad, el análisis crítico de lo vivido para que no se repitan las atrocidades del pasado, demanda que las generaciones, presentes y futuras, tengan la posibilidad de conocer e interrogar, tanto los informes de los entes especializados como la historia que está contenida en los documentos, testimonios y demás materiales que han sido recaudados por los organismos de investigación. La discusión pública sobre el acceso a los archivos para la recuperación de la memoria histórica debe tocar, entre otros aspectos: a) las condiciones efectivas para su conocimiento y difusión, especialmente para las víctimas y los organismos de esclarecimiento; b) el régimen de acceso a los documentos y testimonios que recauden los entes de investigación; y c) las políticas requeridas para que los sistemas nacionales de archivo trabajen coordinadamente en la preservación de este legado cuando los documentos y testimonios son custodiados por gestores de memoria no estatales, es decir, por personas o comunidades que pueden contribuir al esclarecimiento del pasado.
Frente a estos temas, vale decir que Colombia y España viven momentos especiales. De un lado, Colombia asiste a un momento en el que se anuncia un relanzamiento de las políticas de paz, y de otra parte, la sociedad española enfrenta el debate sobre las implicaciones de la Ley de Memoria Democrática. Ojalá que estos tiempos sean la oportunidad para que las políticas de archivos se hagan visibles como un campo estratégico, medular, de las transiciones políticas en estos países, y para que, las instituciones públicas, centros de pensamiento, las organizaciones de sociedad civil entablen diálogos fecundos sobre las políticas y medidas necesarias para salvaguardar el valor de los archivos como fuentes de una memoria social que promueva el respeto por los derechos humanos.
[i] Alto Comisionado para las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) 2015.Instrumentos del estado de derecho para sociedades que han salido de un conflicto: archivos. Disponible en https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/HR_PUB_14_4_Archives_sp.pdf
[ii] Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, la convivencia y la No repetición (CEV) (2022). Experiencia de la Comisión para acceder a información pública. Documento disponible en https://www.comisiondelaverdad.co/experiencia-de-la-comision-para-acceder-informacion-publica
[iii] Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) (2017). El proceso de conformación del Archivo de los Derechos Humanos del CNMH y la construcción de la Política Pública de Archivos de Derechos Humanos, Memoria Histórica y Conflicto Armado: diagnóstico y propuestas de la sociedad civil y de las instituciones públicas. En Política Pública de Archivos de Derechos Humanos, Memoria Histórica y Conflicto Armado. Disponible en https://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/politica-publica-archivo-ddhh.pdf Pags- 120-125.
